¿qué pasa en las cárceles de Buenos Aires?

Los internos reclaman mejores condiciones de detención, medidas de salubridad y el regreso de las visitas.

Las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, volvieron a ser escenario de violencia y protestas en el marco de la pandemia de coronavirus, tras la crisis desatada en marzo, cuando se registraron una serie de motines que terminaron con una dura represión y cinco muertes.

Desde el pasado domingo, los internos de varios penales bonaerenses se encuentran en huelga pacífica, en reclamo de condiciones dignas de detención, medidas de prevención sanitaria y la habilitación de visitas, un derecho que fue suspendido para evitar el riesgo de contagio.

Según revelaron fuentes del ámbito carcelario a RT, la semana pasada autoridades penitenciarias confirmaron a los referentes de los internos que el ingreso de familiares sería autorizado a partir del sábado 30 de octubre, por disposición del jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses. 

Sin embargo, la medida no había sido consultada con el Ministerio de Salud ni el área de Justicia y Derechos Humanos, por lo que finalmente quedó sin efecto. Esto enervó los ánimos de los internos, que comenzaron a desarrollar motines en las cárceles de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín. El domingo, en horas del mediodía, hubo disparos, toma de rehenes y varios heridos, algunos de gravedad. 

El abogado, docente de filosofía y entrenador de boxeo Alberto Sarlo fue personalmente ese mismo día al pabellón de máxima seguridad de la Unidad 23 de Florencio Varela, donde dicta talleres de manera independiente, para dialogar con las personas privadas de la libertad allí y calmar los ánimos.

La situación se agravó porque muchas familias de bajos recursos gastaron el poco dinero que tienen en viajar hasta las cárceles para ver a sus seres queridos. Pero, tras el cambio de decisión, quedaron dando vueltas en la calle porque no las dejaron entrar a los establecimientos, e incluso sufrieron amedrentamientos de la Policía. 

Un incendio durante un motín en la cárcel de Melchor Romero, Buenos Aires, Argentina, el 31 de octubre de 2020.Emiliano Lasalvia / AFP

«El fin de semana, en la Unidad 31 de Varela se dio la mayor represión de lo últimos veinte años. Pero los medios aseguraban que estaba todo solucionado», dice Sarlo en diálogo con RT.

Sarlo considera que el director Areses y sus decisiones están causando demasiados problemas en las cárceles bonaerenses, y asegura que ya nadie, ni siquiera dentro del Servicio Penitenciario, esconde la molestia por la situación. 

Este medio se comunicó con fuentes del SPB para conocer la voz oficial sobre el asunto, pero solo recibió como respuesta el comunicado que anunciaba la vuelta de las visitas. Por el momento, no ha habido cambios en la estructura del organismo. 

Vuelven las visitas

Las visitas de familiares a los detenidos en todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires se reanudarán el próximo sábado mediante la implementación de un plan piloto, que incluirá distintas medidas de bioseguridad y se realizarán al aire libre, se informó oficialmente.

El abogado y docente asegura además que la gestión del gobernador Axel Kicillof (kirchnerismo) no ha modificado en lo más mínimo las problemáticas de hacinamiento, que empeoraron durante los cuatro años de macrismo, cuando la población carcelaria creció un 33 % con los cuatro años de María Eugenia Vidal como máxima autoridad provincial, según cifras oficiales citadas por Página/12.   

La situación se agravó con el brote de covid-19. En marzo, la Justicia adoptó medidas respecto a la reducción de las penas o el otorgamiento de prisión domiciliaria a condenados por delitos menores, para descomprimir los penales y evitar el contagio, algo que se ha aplicado en todo el mundo por la pandemia

Esto provocó una fuerte resistencia de algunos sectores sociales, principalmente políticos y medios opositores de la derecha, que cuestionaron duramente al Gobierno peronista de Alberto Fernández, aunque no es el Ejecutivo el encargado de tomar esas medidas judiciales.

Tras la polémica, son pocos los jueces y funcionarios que se animan a pagar el costo político de una decisión que debería regirse por la prevalencia de los derechos de las personas detenidas, la mayoría de las cuales cumplen penas por delitos menores como narcomenudeo. 

«Son meses de reclamos. Y todos fueron aplacados a base de balas de goma y represión como única estrategia de contención que encontró Xavier Areses. El Poder Judicial tampoco está haciendo absolutamente nada», denuncia Sarlo. Y asegura que el reclamo planteado en las cárceles no solo tiene que ver con las visitas, sino con el pedido para que los jueces de ejecución penal aceleren los trámites para liberar detenidos por causas leves, por mejores condiciones sanitarias, para que retomen la atención en las defensorías, suspendidas por la pandemia, entre otros puntos. 

No obstante, el disparador de este nuevo conflicto fue el de las visitas. Y es que, no solo se había informado a los internos sobre la autorización, sino que también se estaban organizando las fechas concretas que le tocarían a cada pabellón para poder ver a sus familiares. «No solo se metieron con los presos, sino con las familias. Es aberrante», agrega Sarlo. 

Un llamado a «retomar el diálogo»

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), emitió este lunes un comunicado en el que llama a «retomar el diálogo interinstitucional para adoptar medidas que garanticen condiciones dignas de detención para las personas privadas de la libertad».

En el texto, el organismo sostiene que los hechos ocurridos el fin de semana ponen en evidencia la situación de hacinamiento y superpoblación que se vive en las cárceles, y remarcó que la pandemia de covid-19 «no puede ser fundamento para suspender o demorar las decisiones judiciales sobre las salidas transitorias, libertades condicionales u otros derechos inherentes al régimen de progresividad».

Desde que comenzó la pandemia en Argentina, en las unidades penitenciarias hubo un total de 1.539 casos confirmados de coronavirus en total, de los cuales 886 se reportaron como recuperados y 53 como fallecidos, según el último informe de la CNRT. 

Además, la cantidad de internos en unidades carcelarias o de encierro que contrajeron la enfermedad se incrementó un 48 % en octubre respecto a setiembre, con 3.966 casos confirmados en el último mes.

Emmanuel Gentile

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