Uno de los primeros en celebrar la noticia ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: «Confiábamos en que así fuera y así ha sido.
La Audiencia Nacional levanta la suspensión de los trabajos de exhumación en el Valle de Cuelgamuros.
Se retoma la actividad de los forenses. La reparación y la restitución de la dignidad son actos de justicia», escribió la mañana de este viernes en su cuenta de la red social X.
La decisión judicial se ha tomado después de recibir las alegaciones de Patrimonio Nacional al recurso presentado por la nieta de una mujer enterrada en el macromonumento que invocaba su «derecho a la libertad religiosa» y pedía la paralización de los trabajos forenses que se iniciaron el pasado mes de junio.
El escrito de la abogada del Estado relataba que los restos de la abuela de la demandante no se encuentran en la cripta donde labora el equipo de especialistas, por lo que no tenía legitimidad para solicitar la suspensión de las exhumaciones, según recoge Público.
También explicaba que los trabajos se realizan en ejecución de una resolución judicial firme y en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022.
Por su parte, la decisión del juzgado se basa en la admisión de que los trabajos no afectan materialmente a los derechos invocados por la demandante y que se encuentran respaldados por actuaciones judiciales y administrativas.
El monumento, construido por el dictador Francisco Franco, alberga los restos mortales de más de 33.000 víctimas de la Guerra Civil Española y la posterior represión del régimen franquista. Está considerado la mayor fosa común del país.
Muchos de los cadáveres fueron extraídos de fosas comunes repartidas por todo el territorio nacional y llevados al Valle de los Caídos, en muchas ocasiones sin el consentimiento de sus familiares, y en otras muchas, sin ni siquiera su conocimiento.