¿Guerra judicial en América Latina? 7 expresidentes defienden a Amado Boudou y exigen su libertad y la de otros “presos políticos” en Argentina

La campaña en favor del exvicepresidente argentino se intensifica mientras el presidente Alberto Fernández reitera que no otorgará indultos

Siete expresidentes de América Latina exigieron la liberación del exvicepresidente argentino Amado Boudou al denunciar que el juicio en el que fue encontrado culpable de cargos de corrupción forma parte de una guerra judicial organizada en connivencia con los medios de comunicación.

«La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones», afirma el desplegado, que fue publicado el fin de semana y en el que sobresalen las firmas de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia); Rafael Correa (Ecuador); Manuel Zelaya (Honduras) y Fernando Lugo (Paraguay).

«Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población», asegura el escrito, que también contó con el respaldo de casi 5.000 firmas, entre ellas las de excancilleres, exfuncionarios, exlegisladores, actores, actrices y periodistas oficialistas.

Esta guerra, dice el texto, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente. «Medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política», denuncia.

Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou en marzo de 2014Marcos Brindicci / Reuters

«La situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra. Objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal, condenado a prisión en un juicio cuyas anormalidades tuvieron estado público por boca de sus mismos gestores (por televisión, el testigo clave en el juicio reconoció haber recibido dinero por su testimonio en calidad de ‘arrepentido’), Boudou es hoy prisionero en su domicilio por decisión del poder judicial», explica.

También destaca el operativo mediático-judicial que se inició para enviar a Boudou nuevamente a una prisión común, como parte de «una venganza» por las decisiones en las que participó cuando fue ministro de Economía del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y luego su vicepresidente.

Divisiones

«Esta situación implica un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad. Es una verdadera emergencia político-judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas por afectar las bases democráticas de la constitución social al poner en marcha una interpretación de las leyes con un sentido faccioso y antirrepublicano», asegura el escrito.

Lo que ocurre con Boudou, agrega, «es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno. Es lo que en la región conocemos como la ‘guerra judicial’, que hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia».

Por eso, advierte, para que en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos es necesaria la libertad de Boudou «y de todos los presos y presas políticas», categoría que incluye, entre otros, el exministro de Planificación Julio De Vido y los dirigentes Milagro Sala y Luis D’Elía, quienes también han sido condenados y permanecen en prisiones domicialiarias.

Protesta en Argentina para pedir la liberación de Milagro Sala, enero de 2016Enrique Marcarian / Reuters

El desplegado demuestra las divisiones que existen en el gobierno en torno a este tema, ya que firmaron funcionarios peronistas que tienen a Fernández de Kirchner, y no al presidente, como su principal líder.

Forma parte, además, de la presión que enfrenta el mandatario dentro de la alianza peronista que lo llevó al poder y que, desde el sector más radicalizado del kirchnerismo, le exige que indulte a Boudou y a otros «presos políticos», algo a lo que ya se negó en diversas ocasiones.

«Para que haya indulto tiene que haber alguien condenado, el indulto es un perdón que da el Presidente y, la verdad, cuando la Justicia actúa no tengo por qué perdonar (…) a la palabra le asigno un valor central. Yo hice campaña diciendo que no iba a dictar indultos y voy a cumplir», aseguró el pasado 6 de enero. 

El caso

Boudou fue ministro de Economía de Fernández de Kirchner de 2009 a 2011, año en el que la entonces presidenta ganó la reeleción con él como candidato a vicepresidente.

Su carrera política, sin embargo, sufrió un duro golpe a principios de 2012, cuando un programa de televisión denunció que Boudou había comprado, a través de un prestanombres, Ciccone Calcográfica, la mayor imprenta de billetes del país que estaba en quiebra y que había sido adquirida en 2010 por la firma The Old Found. Desde entonces, la firma obtuvo contratos millonarios con el Estado.

Aunque Boudou permaneció en su cargo hasta fines de 2015, al término del segundo mandato de Fernández de Kirchner, su papel público quedó opacado por este escándalo de corrupción que culminó en 2018, cuando un tribunal lo encontró culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública y lo condenó a una pena de cinco años y 10 meses de prisión.

Desde entonces ha interpuesto una serie de apelaciones, pero todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema, han ratificado la sentencia, por lo que ahora está en riesgo de que se revoque la prisión domiciliaria a la que se le destinó el año pasado en medio de la pandemia de coronavirus, para volver a una prisión común.

Su abogada, Graciana Peñafort, aseguró esta mañana en una entrevista radial que Fernández no firmó la carta en apoyo a Boudou solo porque es el presidente, pero es consciente de las anomalías que han rodeado su proceso.

«En Argentina muchas personas creemos que hay presos políticos, Alberto Fernández está obligado a decir que no hay porque no puede salir a hablarlo, tiene un rol institucional pero es abogado y las conoce, por eso cuestiona hasta donde puede. No me cabe duda de que si no fuese presidente, hubiese firmado la solicitada. Él sabe que hay lawfare (guerra judicial) en el país», afirmó.

Cecilia González

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