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La ex Presidenta de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020), presa desde marzo y en su noveno día de huelga de hambre, se descompensó durante una audiencia judicial para pedir el cese de su detención preventiva.
«La señora está completamente mal, está temblando. No se puede ni siquiera parar: si lo hace, se desmaya», dijo su abogada Norka Cuéllar mientras Áñez, de 54 años, era atendida en la cárcel de La Paz donde está recluida.
Ante la situación, el juez reprogramó la audiencia virtual para el 21 de febrero.
Un médico que visitó a la ex Mandataria derechista antes de la audiencia informó que «está delicada», pero que «no amerita una internación».
«Ella definirá si continúa con su huelga de hambre», agregó.
Áñez, que se define como «presa política», inició una huelga de hambre el 9 de febrero, en la víspera de su enjuiciamiento por su supuesta participación en un golpe de Estado contra su predecesor, el izquierdista Evo Morales (2006-2019).
Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El ex Presidente Carlos Mesa (2003-2005) intentó visitar a Áñez en la cárcel tras el incidente, pero se le negó la entrada.
«Le quiero pedir respetuosamente a la ex Presidenta Jeanine Áñez que levante la huelga de hambre. Está poniendo en riesgo su vida y ella tiene que tener la esperanza de que se haga justicia», dijo el líder opositor en la puerta del penal.
«Nadie está diciendo que no se someta a un juicio, cualquiera que este sea, pero que se someta a un juicio en condiciones de equilibrio, en condiciones de una justicia independiente, que en este momento no existe», añadió.
El incidente de Áñez ocurrió mientras una misión de Naciones Unidas invitada por el gobierno del izquierdista Luis Arce evalúa la independencia de la justicia boliviana.
En agosto, un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acuerdo con Bolivia concluyó que «magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos».