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Australia estima que deberá pagar unos 3.700 millones de euros


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Australia estima que deberá pagar unos 3.700 millones de euros a Francia por romper contrato para construcción de submarinos

El Gobierno de Australia estima que deberá pagar a Francia unos 3.700 millones de euros por romper de manera unilateral un contrato para la construcción de submarinos por parte de la compañía francesa Naval Group, que abrió en septiembre de 2021 una crisis diplomática entre ambas naciones.

Durante una sesión este viernes en el Senado, la representante del opositor Partido Laborista Penny Wong interpeló al secretario adjunto del Ministerio de Defensa, Tony Dalton, sobre el desarrollo de la negociación para romper el acuerdo, firmado en 2016.

«¿Tenemos ahora una situación en la que el contribuyente pagará hasta 5.500 millones (de dólares australianos, al cambio 4.125 millones de dólares estadounidense o 3.730 millones de euros) por submarinos inexistentes?», preguntó la senadora Wong.

A lo que Dalton confirmó escuetamente en su respuesta que «el acuerdo final negociado estará dentro de ese precio», al precisar que el coste final dependerá de las demandas de compensación.

Australia selló un contrato con Naval valorado en 90.000 millones de dólares australianos (67.400 millones de dólares estadounidenses o 61.000 millones de euros) para la construcción de una docena de submarinos propulsados por motor diésel.

Sin embargo, el país oceánico anunció a mediados de septiembre que desechaba este acuerdo tras pactar con Estados Unidos el acceso a la tecnología estadounidense para la construcción de submarinos nucleares, en base a una alianza de seguridad con EE.UU. y el Reino Unido.

El Gobierno francés acusó entonces al Ejecutivo australiano de «romper la relación de confianza» entre ambos países al desechar el acuerdo de carácter «unilateral».

Francia llegó a llamar a consultas a los embajadores de Australia y Estados Unidos, una decisión inédita en las relaciones con esos aliados, y aunque el enviado a Washington retornó pocos días después, el de Camberra no volvió hasta el cabo de varias semanas.

La compañía francesa de titularidad estatal Naval Group anunció por su lado que presentaría a Australia la factura de lo que tendrá que abonar por los gastos que la empresa y sus socios industriales ya habían hecho o habían comprometido, de acuerdo con lo que estipulaba el contrato.

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