Los policías de Bolivia enfrentan un proceso judicial histórico en Cochabamba tras revelarse la sustracción de cuatro millones de dólares pertenecientes al narcotraficante Sebastián Marset. La Fiscalía departamental ordenó aprehensiones y medidas cautelares severas contra los mandos que encabezaron el operativo de captura contra el capo uruguayo.
Las investigaciones del Ministerio Público identificaron a cuatro uniformados de jerarquía que presuntamente sustrajeron maletas cargadas de divisas durante el allanamiento a la residencia del líder criminal. Entre los imputados sobresale Marcelo Ferrufino, exjefe de Inteligencia, quien recibió seis meses de detención preventiva bajo cargos de peculado, hurto, concusión e incumplimiento de deberes.
Asimismo, las autoridades confirmaron el arresto del capitán Guillermo Ruiz y emitieron órdenes de captura contra los coroneles Fernando Moreno y Erick Correa. Este último se declaró en la clandestinidad y denunció públicamente que al menos diecisiete uniformados retornaron al inmueble del narco durante la madrugada para retirar bienes sin inventariar.
Los pormenores de la trama fueron revelados por medios locales y confirmados por la cobertura especial de EL PAÍS, donde se detallan grabaciones de cámaras de seguridad que registraron a las patrullas policiales cargando bultos sospechosos en vehículos oficiales tras la detención del capo.
El caso tomó fuerza tras difundirse grabaciones donde se aprecia a los agentes ingresando nuevamente al predio minutos después del operativo inicial. Estas maniobras clandestinas derivaron en la apertura de cajas fuertes que posteriormente aparecieron vacías ante los medios de comunicación, desatando una profunda crisis de credibilidad institucional.
El procesamiento contra estos policías de Bolivia exhibe las grietas estructurales del aparato judicial y de las unidades de seguridad en el combate contra las redes transnacionales del narcotráfico. El gobierno nacional había presentado la captura de Marset como un triunfo histórico de su gestión, pero el posterior desvío de evidencias empañó por completo los resultados del operativo conjunto con agencias internacionales.
La pesquisa se suma a una serie de sanciones diplomáticas emitidas por Washington, que canceló visados a miembros destacados de la Fiscalía boliviana por presuntos nexos con el crimen organizado. Entre los señalados figura el exfiscal general Roger Mariaca, actualmente detenido tras difundirse testimonios audiovisuales que lo vinculaban directamente con esquemas de protección y encubrimiento al líder del Primer Cartel Uruguayo.
Analistas en seguridad advierten que la penetración del crimen organizado en los mandos policiales socava la cooperación internacional con países limítrofes y la DEA. La falta de transparencia en la custodia de bienes decomisados debilita la confianza en las fuerzas del orden y deja en evidencia los vacíos de control interno en las incautaciones de gran escala.
El avance de los procesos judiciales contra los coroneles implicados definirá si el Estado boliviano es capaz de depurar sus filas o si la impunidad consolidará la influencia criminal dentro de las instituciones públicas. La sociedad civil y los organismos internacionales siguen con máxima atención el desenlace de un expediente que marca un antes y un después en la justicia andina.
¿Consideras que el enjuiciamiento a estos policías de Bolivia logrará desarticular la corrupción en las fuerzas antidroga o continuarán los nexos con el narcotráfico? Déjanos tu opinión en los comentarios.
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