SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que desconoce la filtración de una conversación telefónica en la que se escucha al diputado Rubén Maldonado amenazar con incendiar el Congreso en represalia por la eventual cancelación de empleados de la nueva bancada de esa corriente.
Asimismo, explicó que por el momento no tiene elementos para determinar el origen de la misma.
A través de un comunicado, la PGR aseguró que todo ciudadano o ciudadana que se sienta afectado por este tipo de acción, puede poner su denuncia formal por ante el Ministerio Público como lo establece la ley para abrir una investigación.
“Es importante recordarle a la ciudadanía que el Ministerio Público solo interviene teléfonos con autorización judicial y en el ámbito de procesos judiciales de acuerdo a los procedimientos establecidos”.
Este jueves luego de desestimar sus amenazas y descartar las cancelaciones, Maldonado calificó como un acto dictatorial la intervención ilegal de su teléfono.
Sólo horas antes de que se esperaba la creación de la nueva bancada leonelista en la cámara baja, la conversación telefónica entre dos miembros de ese bloque se difundió en un medio de comunicación y de inmediato se hizo viral.
En la llamada telefónica, el ex presidente del hemiciclo Rubén Maldonado dice a Henry Merán que generaría problemas en la cámara baja ante las versiones de que el actual presidente, el danilista Radhamés Camacho cancelaría a los empleados él había contratado.
Tras descartar sus amenazas y confirmar que no existía amenaza real de cancelaciones, advirtió la gravedad de las intervenciones telefónicas ilegales.
Diputados danilistas consideraron la conversación como un acto desesperado de la corriente leonelista, pero la oposición alega que la situación es una mala señal.
En conversación telefónica con el director del DNI, el funcionario aseguró a Noticias SIN que esa institución no intervino los teléfonos de estos Diputados leonelistas.
Además del DNI, las intervenciones telefónicas las puede hacer la DNCD en asuntos de droga y la policía nacional o la Procuraduría General en casos de delincuencia y lavado de activos pero con la autorización de un juez.
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