SANTO DOMINGO,RD.- A la espera de que un juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decida su suerte, los cuatro diputados a los que el Ministerio Público imputa cargos de lavado de activos y narcotráfico se mantienen cumpliendo con su rol ante el Congreso Nacional.

Rosa Amalia Pilarte, Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Feliz Feliz, de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Revolucionario Dominicano (PRD) asisten a las sesiones y a las reuniones de comisiones, mientras algunos aprovechan para vacacional en familia.

Los congresistas, según la Procuraduría General de la República, están implicados en dos expedientes que tiene a su cargo el juez de instrucción especial Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.

Marmolejos Gil, Feliz Feliz (PRD) y Guerrero Cabrera figuran en el caso de la red de lavado de activos del narcotráfico que fue desmantelada bajo el nombre de Operación Falcón, la que involucra a más de 27 personas.

El expediente establece que uno de los cabecillas de la red de narcotráfico habría financiado por completo la campaña electoral del diputado perremeísta por Santiago, Marmolejos Gil. Supuestamente Erick Randhiel Mosquea Polanco (prófugo) invirtió, tan solo el día de las elecciones, más de RD$9 millones y Lenin Torres Bueno, otro implicado, RD$550,000.

Entre los demás imputados están: María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

El 16 de septiembre de este 2021, la Suprema designó al magistrado Estévez Lavandier para conocer las imputaciones en contra tres de los diputados. El seis de julio del mismo año hizo lo propio con la legisladora Rosa Amalia Pilarte López.

Mientras que Pilarte (PRM) está acusada de movilizar en el sistema financiero nacional más de RD$7 mil millones en los últimos años, junto a su esposo e hijos, quienes tienen como medida de coerción impedimento de salida y presentación periódica ante un juez.

Corresponde a la SCJ conocer los casos de los legisladores, debido a que gozan de inmunidad parlamentaria. El artículo 86 de la Constitución de la República establece que: “Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen”.