La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un documento donde se afirma que registró 16 casos de tortura en la nación suramericana.
El Gobierno de Venezuela emitió un comunicado para rechazar y calificar de «tendencioso» el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el que se cuestiona la independencia del sistema judicial del país suramericano.
Para Caracas, el documento hecho por la oficina que dirige Michelle Bachelet es una «muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales» de un grupo de países «hostiles a Venezuela».
En el texto se afirma que la ACNUDH «no tiene facultad legal, ni mandato alguno, para pretender evaluar el funcionamiento constitucional de los poderes públicos y el desarrollo de los sectores económicos en Venezuela».
Finalmente, el Gobierno «ratifica su voluntad de seguir cooperando» con el organismo, «siempre y cuando estas instancias eviten ser instrumentalizadas políticamente contra Estados soberanos e independientes».
Según este informe publicado la víspera, en Venezuela la «independencia del sistema de Justicia se ve considerablemente socavada», debido a que existen «estrechas relaciones» entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Gobierno.
Para esta oficina dirigida por Bachelet, «las víctimas de violaciones de los derechos humanos enfrentan grandes obstáculos para acceder a la Justicia», y se hace «uso continuado de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles».
En el documento se sostiene que la ACNUDH «documentó 16 casos de tortura o malos tratos cometidos entre junio de 2019 y mayo de 2020».
Por otra parte, con relación a la extracción minera, se asegura que no se ha podido «determinar en qué medida el Gobierno ha logrado regularizar la actividad» que, según el escrito, en su «mayoría es controlada por grupos delictivos organizados o grupos armados».
Este informe es parte del acuerdo de asesoramiento y de asistencia técnica de la situación de derechos humanos, establecido entre la entidad de la ONU y el Gobierno de Venezuela, luego de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitara el país en julio de 2019
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