Una diputada oficialista promueve el derecho a la eutanasia en Argentina

«Tenemos que empezar a hablar, debemos tener el derecho de decidir cómo terminar nuestras vidas, de decirle no al sufrimiento cuando este es irreversible», señaló la diputada peronista.

Consenso

El año pasado, una encuesta de la Red de Cuidados y Decisiones en el Final de la Vida reveló que, en los últimos tres años, el 45 % de los profesionales de la salud recibió pedidos de información sobre eutanasia por parte de pacientes que tienen enfermedades que los hacen sufrir.

Uno de los datos más destacables es que el 80 % de los profesionales de la salud apoyó la legalización de la eutanasia, y aunque siete de cada 10 reconocieron que se debe incluir la objeción de conciencia, la mitad dijo que no tendría problemas en realizar esta práctica para ayudar a los pacientes.

Por otra parte, el observatorio de la Universidad de Buenos Aires publicó otro estudio, en el que el 72 % de los entrevistados se manifestó «muy» o «bastante de acuerdo» con la legalización de la eutanasia en situaciones médicas extremas.

Además del proyecto impulsado por Brawer, en el Congreso ya hay otras cuatro iniciativas de ley presentadas por distintos partidos con títulos como Ley de Buena Muerte, Ley Alfonso (en homenaje a un hombre de 36 años que falleció en 2019 y que tenía esclerosis lateral amiotrófica), Interrupción Voluntaria de la Vida y Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente.

La iniciativa

La Ley de Muerte Médicamente Asistida reconoce el derecho de toda persona mayor de 18 años a solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria en determinadas circunstancias, a través de la administración directa de una sustancia por parte de un profesional de la salud o del paciente, lo que se denomina «suicidio asistido».

Las personas que podrían acceder a este derecho deben ser de nacionalidad argentina o extranjeros con más de un año de residencia que padezcan una enfermedad grave e incurable, una lesión, un padecimiento crónico grave, progresivo e imposibilitante, que estén sufriendo intensos dolores o padecimientos psíquicos, o una condición de gran dependencia y disminución de su integridad, que a juicio de la persona resulten indignos o intolerables.

El proyecto deja claro en todo momento que debe ser una decisión tomada en forma libre y que, después de la petición, correrá un plazo de 20 días para evaluar la situación del paciente, quien será acompañado por un equipo interdisciplinario y tendrá derecho a acceso a la información, autonomía de la voluntad, privacidad, confidencialidad y trato digno.

Una vez que el médico considere justificada la eutanasia, el caso se derivará a otro doctor consultor. Si este confirma la pertinencia, la práctica se realizará en un plazo máximo de tres días, pero si hay disidencia, intervendrán otras instancias e incluso existe la posibilidad de que el paciente obtenga un amparo.

La iniciativa también prevé la creación de una Comisión Nacional para la Muerte Voluntaria Médicamente Asistida que estará integrada por cinco profesionales especializados en salud mental y cuidados paliativos; dos especialistas de las ciencias sociales y humanas y dos abogados.