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La mayor huelga del sector ferroviario desde 1989, que coincide con otra en el metro de Londres, trastornó hoy el transporte en el Reino Unido, en una agria disputa laboral que puede alargarse en el tiempo y presagiar más paros de empleados del sector público.
En torno a 40.000 personas han sido convocadas por el Sindicato nacional de trabajadores ferroviarios, marítimos y del transporte (RMT, en inglés) a medidas de fuerza también el jueves y el sábado, que podrían continuar si no hay acuerdo con la gestora pública de la infraestructura Network Rail y los operadores privados de las líneas.
En la jornada de hoy funcionó menos de un 20 % del servicio de trenes y se suspendió la mayoría del metro, lo que conllevó aglomeraciones en los autobuses y congestiones de tráfico, a pesar de que muchos ciudadanos trabajaron desde casa.
El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, condenó la «innecesaria huelga» y defendió la posición de las empresas de que el sector debe «modernizarse», al tiempo que pidió al público que «aguante» las interrupciones porque «les beneficiará» la restructuración prevista.
Esta disputa, en la que el opositor Partido Laborista, vinculado al movimiento sindical, mantiene una postura ambigua, ha tomado un cariz político y amenaza con propagarse a otros sectores, como el sanitario y la educación.
Inspectores, camareros, señalizadores y empleados de limpieza y mantenimiento protagonizan los paros de esta semana, que afectan a una veintena de líneas de tren (de 25 operadores, tres de ellos actualmente en manos del Estado) en Inglaterra, Gales y Escocia.
Paralelamente, los conductores ferroviarios, representados por el sindicato Aslef y en general mejor pagados, harán su propia huelga este jueves y el 2 julio en la línea de Greater Anglia y el 28 y 29 de junio y 13 y 14 de julio en Croydon Tramlink.
Los huelguistas piden descongelar sus sueldos con un aumento del 7 % (por debajo de la inflación actual); que no haya despidos obligatorios como parte de la reforma anunciada y que se respeten sus condiciones laborales, ante los intentos de Network Rail y unos 13 operadores de empeorarlas.
La gestora, parte del ministerio de Transporte, y las franquicias ferroviarias, agrupadas en el Rail Delivery Group, quieren suprimir unos 2.500 empleos a poder ser de forma voluntaria a fin de sustituirlos por nuevas tecnologías, sobre todo en inspección de vías y taquillas, para ahorrar 2.000 millones de libras (2.300 millones de euros) en dos años.
RMT ha rechazado una oferta de ambas partes que planteaba un ajuste salarial del 2 % más otro 1 % ligado a que aceptaran los cambios.
Tanto los laboristas -algunos de cuyos diputados han desafiado la línea oficial visitando piquetes- como el sindicato reprochan al gobierno que «boicotee» las negociaciones al no dar más margen de maniobra a Network Rail, que volvió a manos del Estado en 2002 tras ser privatizada como Railtrack en los años 90 del siglo XX.
El ministro británico de Transportes, Grant Shapps, reiteró hoy que la disputa la deben resolver «el empleador y los empleados» y confirmó que impulsará nueva legislación para exigir servicios mínimos en las huelgas y que se pueda contratar personal de agencia para reemplazar a quienes protestan.