El acuerdo anterior fue duramente criticado por pretender enviar a la gente a un país en el que no quieren vivir y que tiene un historial cuestionable sobre derechos humanos.
El recientemente estrenado secretario del Interior del Reino Unido, James Cleverly, firmó este martes un nuevo acuerdo con el ministro de Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta, con el que se pretende reactivar el plan de Londres para la deportación de migrantes ilegales a ese país africano, idea que enfrentó duras críticas de los defensores de derechos humanos y quedó bloqueada el mes pasado por el Tribunal Supremo británico, que la calificó de medida «ilícita».
El nuevo convenio aborda directamente «las preocupaciones del Tribunal Supremo» sobre la seguridad de la cooperación con Ruanda en materia de migración irregular.
Tiene carácter vinculante, con arreglo al derecho internacional, y garantiza que quienes sean deportados a Ruanda en el marco de ese acuerdo «no corren riesgo de ser devueltos a un país donde su vida o libertad estaría amenazada», afirmó el Ministerio del Interior del Reino Unido.
«El acuerdo es parte del plan del Gobierno para garantizar que los migrantes ilegales puedan ser reubicados legalmente en Ruanda, en el marco de la intención del Gobierno de detener [el flujo de] barcos, asegurándose de que la gente sepa que si vienen al Reino Unido ilegalmente, no pueden quedarse aquí», resumió en el comunicado.
Cleverly aseguró que «Ruanda es un país seguro, que se preocupa profundamente por apoyar a los refugiados».
A esto agregó que tiene «un sólido historial de brindar protección a quienes la necesitan, y ha acogido a más de 135.000 solicitantes de asilo que encontraron refugio allí».
El Tribunal Supremo reconoció que podrían introducirse cambios que aborden esas conclusiones: este Tratado responde directamente a ello», aseveró.
«Seguimos haciendo todo lo que está en nuestras manos para frenar la inmigración ilegal.
Nuestro trabajo operativo e internacional más amplio y continuo ha conseguido que los cruces [de frontera ilegales] se reduzcan en un tercio, en comparación con el año pasado», declaró Cleverly.
La política de enviar solicitantes de asilo a Ruanda, impulsada por la exministra del Interior Priti Patel, de raíces indias, ha sido calificada por los críticos como vergonzosa y una de las más perniciosas en la historia reciente del gobernante Partido Conservador británico.
El acuerdo anterior con el país africano fue calificado por grupos de derechos humanos como ilegal e inhumano, ya que pretendía enviar a la gente a un lugar en el que no quieren vivir y que, además, tiene un cuestionable historial respecto a los derechos humanos.
La agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, estima que Ruanda no tiene los «componentes mínimos» de un «sistema de asilo accesible, confiable, justo y eficiente».
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