Radican una nueva moción de censura contra el ministro de Defensa colombiano por el operativo militar que dejó 11 muertos en Putumayo

Un grupo de 30 congresistas colombianos introdujo una nueva moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por las «irregularidades» en el operativo militar realizado en una zona rural del departamento de Putumayo, en el suroeste del país, donde 11 personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas y señaladas por el Gobierno como presuntos integrantes de los grupos armados ilegales.

Wilmer Leal Pérez, representante a la Cámara por el partido de centro Alianza Verde, informó en su cuenta de Twitter que fue radicada la proposición de moción de censura contra Molano con miras a la realización de un «juicio político» tras la acción militar de Putumayo.

En el documento, de 18 páginas, se afirma que el titular de Defensa incumplió o vulneró varias funciones de su cargo, entre las que se cita el «coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos» y «la protección de los derechos humanos».

Del mismo modo, se considera que ha desconocido funciones propias de su cartera como «garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional», además de mantener las «condiciones necesarias para el ejercicio y el derecho de las libertades públicas».

Tras la radicación del documento, se espera que la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, del gobernante Centro Democrático, ponga fecha al debate en los próximos 10 días.

Ya en junio del año pasado, la Cámara rechazó la moción de censura contra Molano para que rindiera cuentas sobre la represión estatal durante las protestas sociales, luego de que el Senado también se opusiera a su remoción como ministro.

Por ello, se espera que nuevamente evada la destitución y sea ratificado en su cargo.

La otra versión

En el texto, dirigido a la presidenta de la Cámara de Representantes, se explica que el pasado 28 de marzo el presidente colombiano, Iván Duque, publicó en su cuenta de Twitter información sobre una «ofensiva» contra «estructuras narcoterroristas en todas las regiones del país», donde «se logró la neutralización de 11 integrantes de las disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales en puerto Leguízamo (Putumayo)».

La versión oficial fue cuestionada en un trabajo periodístico de la revista Cambio, titulado ‘Putumayo: anatomía de una matanza’, donde se sostiene que el operativo militar se hizo en la vereda del Alto Remanso, donde se realizaba un bazar, y donde resultaron muertos varios civiles, entre ellos el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa embarazada, el gobernador indígena del resguardo Bajo Remanso y un menor de edad, entre otras víctimas.

El parte del Gobierno se refirió a la baja de «presuntos integrantes del grupo armado organizado residual estructura 48, que harían parte de la ‘Segunda Marquetalia’».

Sin embargo, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) pidió en un comunicado el cese de las acciones del Ejército, «a través de la modalidad de falsos positivos», luego del asesinato del gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.

¿Qué dijo el Gobierno?

Frente a estos señalamientos, unidos a las denuncias de organizaciones sociales que afirmaron que las muertes no fueron producto de un combate sino de una acción unilateral de las fuerzas militares, que después manipularían la escena del crimen, el mandatario colombiano, defendió el operativo llevado a cabo por el Ejército y aseveró que para realizarlo se contaba con información «precisa» de inteligencia sobre «la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio».

El ministro de Defensa también defendió la ofensiva militar y escribió en varios trinos que no fue contra campesinos, sino contra disidencias de las FARC.

«No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados».

Según sus tuits, se incautó en el lugar un «arsenal de guerra, granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros».

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación pidió un informe de lo ocurrido, tras recibir información de que «las personas dadas de baja en esta operación serían una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena y otras dos personas, así como cadáveres desaparecidos».