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El ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) fue despojado este viernes de sus derechos políticos por la justicia electoral, que lo declaró culpable de «abusos de poder» durante la campaña que el año pasado llevó a la Presidencia al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Con esta decisión, adoptada por cinco votos frente a dos en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el líder derechista, de 68 años, no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios ganados por Lula.
El último voto fue proferido por el presidente del TSE, el juez Alexandre de Moraes, quien fue objeto de virulentos y permanentes ataques del bolsonarismo antes y durante la campaña electoral, en la que fue acusado, sin prueba alguna, de «maniobrar» para «favorecer» a Lula.
Según De Moraes, la sentencia es una respuesta al «degradante populismo nacido en los discursos de odio y antidemocráticos, que propagan una asquerosa desinformación» no sólo en Brasil, sino en «todo el mundo», con el «único objetivo» de «engañar» a los electores.
Cinco de los siete miembros del TSE respaldaron la posición del relator del proceso, Benedito Gonçalves, quien consideró a Bolsonaro culpable de «abusos de poder» durante la campaña para las elecciones de octubre del año pasado.
La acusación tuvo como eje una reunión que Bolsonaro convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, para volver a descalificar la transparencia del sistema electoral y la propia democracia.
Ese hecho, según dice la sentencia, configuró un «abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo» y también un «uso indebido de predios públicos y medios de comunicación», pues Bolsonaro ordenó que la televisión pública transmitiera el evento.
Las consideraciones de la mayoría de los jueces fueron incluso más allá y enmarcaron esa reunión en una «sistemática campaña de desinformación» que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral y todas las instituciones democráticas del país.
«No eran opiniones personales», como sostuvo la defensa, dijo el juez De Moraes, quien enfatizó que se trató de «mentiras permanentes y fraudulentas» que apuntaban a «subvertir y pervertir» el proceso electoral y con eso, «a la propia democracia».
Agregó que «libertad de expresión» no es «libertad de agresión», de «mentira», de «desinformación» y de «fraude», ni una herramienta para que «líderes populistas y extremistas conquisten al elector» con «discursos de odio y antidemocráticos» difundidos en las redes sociales «con un barniz falso de veracidad».
Esa campaña incluyó sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica que Brasil utiliza desde 1996 sin que desde entonces se haya comprobado un solo fraude, e insultos de todo calibre lanzados durante meses contra el TSE, sobre el cual Bolsonaro dijo una y otra vez que había decidido «convertir a Lula en presidente».
El discurso de Bolsonaro, según dijeron algunos jueces, hasta pudo incitar el asalto a las sedes de los tres poderes del pasado 8 de enero, cuando una horda de bolsonaristas sembró el caos con la intención de llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar a Lula.
De hecho, el ex presidente todavía responde ante la Justicia en una decena de causas, una de las cuales, que tramita en la Corte Suprema, lo tiene como «sospechoso» de haber alentado ese fracasada intentona golpista.