«¡Patria o muerte! ¡Venceremos!», se escucha vociferar en una grabación a una columna de manifestantes marchando en el municipio de El Alto, con banderas de los pueblos originarios.
La jornada de movilizaciones fue convocada por docentes, mineros, agrupaciones indígenas y la Central Obrera Boliviana (COB), que llamó a defender la salud, la educación y la estabilidad laboral.
«Hoy el pueblo está haciendo escuchar su voz de protesta», dijo el secretario ejecutivo del sindicato, Juan Carlos Huarachi, citado por la agencia italiana ANSA. A su vez, este dirigente exigió que se resuelva la crisis sanitaria, pero remarcó: «La gente común debería discutir con un Gobierno democráticamente electo, y no con uno que tomó el poder en circunstancias dudosas».
Por su parte, el Sistema de Radio y Televisión Popular de Bolivia tomó algunas imágenes de La Paz, la capital, uno de los escenarios principales de las manifestaciones del 14 de julio.
Entre los medios locales, el diario La Razón publicó imágenes de una columna de manifestantes avanzando por las calles capitalinas, con reclamos educativos.
En concreto, aquellos maestros pidieron la renuncia del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.
La polémica se desató a raíz de la publicación del Decreto Supremo 4.260, que reglamenta la enseñanza virtual a distancia.
Desde hace varios meses Bolivia vive momentos de gran tensión política y social, luego de que Morales se viera obligado a dejar el país para refugiarse en Argentina.
De momento, se estipuló que el 6 de septiembre serían las próximas elecciones presidenciales en la nación sudamericana, pero las agrupaciones políticas cercanas al Movimiento al Socialismo (MAS) temen que el Gobierno las vuelva a postergar. Antes, ya se habían cancelado los comicios del 3 de mayo por los contagios del coronavirus.
«Parece que la pandemia cae como anillo al dedo para los Gobiernos de derecha», opinó Morales en una entrevista reciente con EFE, mientras permanece exiliado.
Además del conflicto político, el Ministerio de Salud boliviano reportó que hasta el martes había 50.867 casos confirmados de covid-19 y 1.898 muertes.
En ese marco, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que el Ejecutivo planea expropiar hospitales y cementerios privados para evitar la saturación ante el avance de la pandemia.
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