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La ONU expresó su preocupación por la criminalización de ex funcionarios en Guatemala y pidió una Justicia independiente
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó el martes su profunda preocupación porque en Guatemala “se sigue socavando el Poder Judicial y criminalizando a funcionarios judiciales” luego de la condena a una ex fiscal anticorrupción.
A su vez llamó a las autoridades guatemaltecas a fortalecer y garantizar la independencia del sistema de justicia y combatir la corrupción.
La ex fiscal Virginia Laparra fue sentenciada la semana pasada por abuso de autoridad tras haber denunciado a un juez que filtró información y condenada a cuatro años de prisión porque, según el fallo, no tenía autoridad para denunciar al magistrado.
La ex fiscal ha dicho que tanto la acusación como la condena fueron una venganza por haber investigado casos de corrupción de alto impacto y haber colaborado con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que durante 12 años desarticuló grupos del crimen organizado incrustados en el Estado.
Laparra, que lleva nueve meses en prisión, fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, que pidió su libertad.
La víspera Peter Stano, portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, dijo que la sentencia contra Laparra “es profundamente preocupante en medio del deterioro del Estado de Derecho, intimidación continua, acciones legales contra jueces, abogados y fiscales independientes”. En el mismo sentido se pronunció el Departamento de Estado estadounidense.
Guatemala volvió a designar como fiscal general a Consuelo Porras, quien horas después fue nuevamente señalada por corrupción por Estados Unidos
En 2018 Laparra denunció al entonces juez Lesther Castellanos Rodas por filtrar información de un proceso judicial reservado. Tras la denuncia el juez recibió una sanción administrativa que luego fue revocada por la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente el mismo juez denunció a Laparra, quien trabajaba en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
En el juicio a Laparra participaron como querellantes activistas de ultraderecha que defienden a militares acusados de crímenes de guerra sancionados por el Departamento de Estado por bloquear la lucha anticorrupción en Guatemala y socavar la democracia.
El juicio duró apenas 18 días y todos los que testificaron eran policías o funcionarios, además de un controvertido juez que fue investigado por la acusada antes de caer en desgracia y ser detenida, el 23 de febrero.
Laparra podrá salir anticipadamente en libertad si paga una fianza, pues la pena es conmutable.
La sentencia fue muy criticada por activistas y organizaciones de defensa de derechos humanos.
La fiscal general del país, Consuelo Porras, que según Estados Unidos emprendió una campaña de persecución contra fiscales anticorrupción, fue ratificada en mayo para otros cuatro años en el cargo por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.
Unos 25 fiscales, ex fiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra fue la primera en ser llevada a juicio y condenada.
(Con información de AP y AFP)