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La exmandataria transitoria está detenida preventivamente desde marzo de 2021 en una cárcel de La Paz acusada por los supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por una denuncia que presentó la exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
«A 429 días de privación ilegal de libertad, hoy el juez Armando Zeballos vuelve a ampliar por 3 meses la detención preventiva de #JeanineAñez a pedido de la Fiscalía y el Gobierno, por inexistentes delitos de terrorismo y sedición, expulsados por el @TCPBolivia #BoliviaSinDDHH», escribió Áñez en sus redes sociales, que son manejadas por su familia.
Áñez aludió a la decisión del Tribunal Constitucional de eliminar el delito de sedición del ordenamiento jurídico boliviano, comunicada en marzo pasado.
Por su parte, Jorge Nina, abogado de la exsenadora Patty, dijo que el juez amplió la detención preventiva «tomando en cuenta que hay actos investigativos pendientes como la declaración de testigos y otros que no se pueden develar para no perjudicar la investigación», según informó la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).
Este mismo lunes, la defensa de Áñez había solicitado una audiencia de cesación, la cual le fue negada.
El juicio contra Áñez por el llamado caso «golpe de estado II», que inició en abril, se encuentra suspendido hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre una acción de inconstitucionalidad de la defensa contra dos artículos de una norma que enmarca dos de los presuntos delitos por los que se le acusa en ese proceso.
El juicio, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por acciones cometidas en 2019, está en la etapa final para dictar sentencia.
Por este caso, la Fiscalía pide «la pena máxima» contra la exjefa de Estado interina.
Áñez fue detenida en principio por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso «golpe de Estado I» y posteriormente se le abrió el proceso «golpe de Estado II».
Para el Gobierno y el MAS, Áñez asumió ilegalmente la Presidencia del país tras la renuncia masiva del entonces presidente Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
El oficialismo sostiene que Áñez debió convocar a una reunión parlamentaria para la restitución de directivas en ambas Cámaras y que la titularidad del Senado pertenecía al MAS, como fuerza mayoritaria, por lo que su llegada a la Presidencia fue «de facto».
La defensa de Áñez sostiene que a finales de 2019 hubo un vacío de poder ante la renuncia de toda la línea de sucesión y que su llegada a la Presidencia se apegó a los procedimientos de la Constitución.
Junto a Áñez están detenidos sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, entre otros exjefes militares y policiales.
(c) Agencia EFE