La Fiscalía de Perú entregará 114 restos de las víctimas de la masacre de Accomarca, a casi 37 años del suceso

El Ministerio Público de Perú entregará 114 restos de víctimas de la masacre de Accomarca, perpetrada por militares en este poblado del departamento de Ayacucho, en 1985.

«Son 37 años esperando que se nos restituyan los restos de nuestras familias», dijo Fernando Ochoa, alcalde de la municipalidad de Accomarca, en conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en la que también participaron sobrevivientes y familiares de los asesinados.

Desde la CNDDHH señalaron que «si bien es un gran paso», esta restitución, que incluye restos exhumados y prendas de vestir, es incompleta, puesto que aún hay víctimas que no han sido identificadas.

«Hay hijos que seguirán esperando porque hay familiares que no han sido identificados. Parece que el Estado está esperando que los testigos terminen de morirse», reprochó Ochoa.

Florian Palacios, vicepresidente de la Asociación de Familiares de Víctimas de Accomarca, también señaló que es una restitución a medias.

«Muchos estaban esperando que sus familiares fuesen restituidos, pero muchos solo van a recibir algo simbólico. 

Estamos indignados porque sabemos que fueron ejecutados vivos y quemados, pero el Estado te dice que no los han encontrado.

Ya estamos viejos esperando la justicia y aún no hemos sido reparados», reclamó.

Justicia pendiente

La masacre se perpetró el 14 de agosto de 1985. De acuerdo con la CNDDHH, el Ejército peruano incursionó en el distrito de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, en Ayacucho y ejecutó a 69 pobladores, la mayoría mujeres, ancianos y niños.

A finales de agosto de 2016, 31 años después de la masacre, la Sala Penal Nacional de Perú declaró que en Accomarca se había perpetrado un asesinato masivo con crueldad y desprecio a la dignidad de los civiles; y se logró demostrar que la masacre fue por decisión del general Wilfredo Mori Orzo de la Segunda División de Infantería del Ejército Peruano, quien fue condenado a 25 años de prisión.

Sin embargo, «Mori Orzo, a la fecha sigue libre», reclamó la CNDDHH.

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, dijo que «la justicia no se puede dar por satisfecha hasta que no se cumpla la sanción, lo cual incluye la captura de los sujetos que aún andan libres, el pago de las reparaciones y la entrega de algunos de los restos».