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La Fiscalía de Bolivia imputa a Jeanine Áñez cinco delitos relacionados con una designación irregular y pide prisión preventiva de seis meses
La expresidenta de facto nombró a una familiar suya al frente de una empresa estatal, lo que habría causado «pérdida y daño económico» a la Empresa de Alimentos y Derivados (EBA), según la investigación.
La Fiscalía de Bolivia imputó a la expresidenta de facto Jeanine Áñez cinco delitos penales en la designación de Karina Leiva Áñez como gerente de la estatal Empresa de Alimentos y Derivados (EBA), en mayo de 2020, y pidió la detención preventiva por seis meses.
Añez designó a Leiva Áñez como gerente de EBA sin que esta tuviera experiencia previa y sin que cumpliera los requisitos necesarios para ocupar ese cargo, según la investigación. Por ello, fue señalada de realizar nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones y complicidad, según un documento difundido por la televisora pública Bolivia TV y replicado por varios medios locales.
Según la imputación del Ministerio Público, la expresidenta de facto hizo la designación de Leiva Áñez respondiendo a «intereses personales, con posible grado de parentesco», lo que habría generado «pérdida y daño económico a la empresa EBA» y «malos manejos administrativos».
En prisión preventiva
Por todo ello, la Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva para Áñez, quien ya se encuentra en la cárcel de Miraflores, en La Paz, acusada de otros delitos. Sin embargo, no se ha determinado si el proceso se desarrollará en la justicia ordinaria o en un juicio de responsabilidades.
La defensa de la exsenadora pide un juicio de responsabilidades debido a que la designación de Leiva Áñez se hizo durante su gestión, mientras que la jueza Claudia Castro decidió que el proceso siga en la jurisdicción ordinaria. Por esta razón, el tipo de proceso judicial se definirá en una apelación que se llevará a cabo en una Sala Penal de La Paz, recoge Erbol.
Esta sería la tercera detención preventiva contra la exmandataria de facto, a quien ya se le dictaron esas medidas por los casos ‘Golpe de Estado I’ y ‘Golpe de Estado II’.
Tras el golpe de Estado que depuso al exmandatario Evo Morales, en noviembre de 2019, la exsenadora se autoproclamó presidenta interina del país ante un hemiciclo vacío y sin quorum, motivo por el cual enfrenta un juicio, acusada de los delitos de «terrorismo, sedición y conspiración».