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Justicia argentina descarta que el Gobierno de Macri haya creado una red ilegal de espías
La Justicia Federal argentina descartó este martes que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) creara una «asociación ilícita» para espiar a políticos, periodistas y sindicalistas del país, por lo que anuló los procesamientos judiciales de al menos 20 acusados.
La sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional dictaminó la falta de mérito para Darío Nieto, secretario del ex Presidente Macri y el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, según un fallo que fue difundido por medios locales.
Pero dejó procesada a Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI, por «incumplimiento de deberes de funcionario público», ya que consideró que no controló la actividad de un grupo de agentes que habrían actuado por cuenta propia para espiar y extorsionar a personalidades de la política, sindicalistas y periodistas locales.
La comisión bicameral del Senado argentino, que se encarga del seguimiento de los organismos de inteligencia y es de mayoría peronista, asegura que Macri transformó el espionaje en una política de Estado.
Sin embargo, el fallo de la Justicia consideró: «Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal».
«Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país», agregaron en el documento judicial.
Espionaje ilegal
De todas maneras, en el fallo se admitió que «existió un grupo que movido por intereses personales utilizó recursos sensibles del Estado con fines ilegales».
Se trata de nueve agentes de inteligencia que quedaron procesados por incumplimiento de la Ley de Inteligencia 25.520 que tiene penas de tres meses a dos años e inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos.
La supuesta estructura ilegal habría espiado a la entonces opositora Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, el laboratorio de ideas de la ex Mandataria (2007-2015) y actual vicepresidenta.
En este aspecto, las tareas de observación y seguimientos «tenían una orden judicial» que autorizaba estas medidas, por lo que no podría haber sanciones penales.
Otras de las víctimas habrían sido el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el que era su segundo, los macristas Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, respetivamente.
Si bien en esta causa no fue procesado el ex Presidente, Macri sí lo está, desde el 1 de diciembre pasado, en otro expediente por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA «San Juan», hundido en 2017, una decisión judicial que el propio exmandatario y sus aliados tachan de «persecución política».