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Las organizaciones que trabajan en favor del derecho al aborto en Estados Unidos han conseguido bloquear en cuatro estados de ese país la aplicación del veto a esa práctica, que comenzó a regir la decisión del Tribunal Supremo de derogar la protección constitucional de la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde que la máxima instancia judicial estadounidense anunció su revocación el pasado 24 de junio, American Civil Liberties Union, Planned Parenthood y Center for Reproductive Rights han acudido a los tribunales de once estados con la intención de restaurar esa práctica.
Esas tres organizaciones han actuado de forma conjunta en los once estados y ya han logrado victorias temporales en Luisiana, Texas, Utah y Kentucky.
También han presentado recursos en Misisipi, Arizona, West Virginia, Florida, Idaho, Oklahoma y Ohio, aunque en este último estado los tribunales ya fallaron este viernes, manteniendo la prohibición de abortar después de las seis semanas.
Según su recuento, el aborto no está disponible o no lo está con facilidad en unos 12 de los 50 estados estadounidenses y, como resultado de la decisión del Supremo, se espera que esa cifra aumente hasta unos 26 en las próximas semanas y meses.
La presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, advirtió que los otros 24 estados no serán capaces de absorber el aumento previsto de la demanda. «Cada día de más es una victoria y vale la pena pelear por cada paciente», apuntó la representante de la organización que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva en el país, haciendo un llamado a la movilización individual y colectiva.
El fallo del Tribunal Supremo derogó la sentencia «Roe contra Wade» (1973), que protegía el derecho al aborto en el país, y la acción conjunta de esas ONG busca pelear estado por estado por el mantenimiento de esa jurisprudencia y, en última instancia, lograr una respuesta a nivel nacional.
McGill Johnson apuntó que no es momento ni de guardar silencio ni de mantener una posición neutral, porque ocho de cada diez ciudadanos en el país, según las cifras facilitadas, son partidarios de que el aborto sea legal.
Las ONG quieren aprovechar las elecciones legislativas de noviembre próximo para defender en las urnas el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y que los ciudadanos presionen a sus políticos locales para que ese derecho siga vigente.