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Finlandia: Investigación descarta que Primera Ministra incumpliera su deber oficial por participar en fiestas privadas
El Canciller de Justicia de Finlandia, Tuomas Pöysti, exculpó este viernes a la Primera Ministra, Sanna Marin, de las acusaciones de negligencia vertidas contra ella por participar este verano en varias fiestas privadas, cuyas imágenes causaron una fuerte polémica en las redes sociales.
Según el Canciller de Justicia, encargado de supervisar la legalidad de las acciones del Gobierno y el presidente de la República, no existe ningún indicio de que Marin incumpliera su deber oficial por acudir a esas fiestas.
«No tengo motivos para sospechar que la primera ministra Marin haya actuado de forma incorrecta en su capacidad oficial como ministra o que haya hecho dejación de sus funciones», concluyó Pöysti tras analizar en profundidad varias denuncias presentadas por ciudadanos.
En ellas se acusaba a Marin, entre otras cosas, de no estar en condiciones de ejercer su cargo por haber consumido gran cantidad de alcohol, sin haber cedido sus funciones previamente a otro ministro durante los fines de semana en que estuvo de fiesta.
El Canciller de Justicia refutó esa acusación alegando que las denuncias no especificaban qué labor oficial no se pudo realizar o qué función concreta se vio comprometida debido al comportamiento de la Primera Ministra.
En las denuncias presentadas también se culpaba a Marin de no haberse comportado de manera acorde con la dignidad debida en un Jefe del Gobierno, mostrando una actitud que deterioró la reputación internacional de Finlandia.
Sin embargo, el Canciller recordó que la obligación de los funcionarios de mantener una buena conducta no se aplica a los ministros, quienes son directamente supervisados -y en su caso, depuestos- por el Eduskunta (Parlamento).
«No corresponde al Canciller de Justicia, como autoridad suprema en cuestiones de legalidad, evaluar la moralidad de la conducta de un ministro o las cuestiones relativas a su credibilidad política o la confianza de que goza», señaló Pöysti en su dictamen.
También se acusaba a Marin de poner en riesgo la seguridad del Estado, al haber organizado una fiesta en su residencia oficial sin examinar previamente a los invitados.
No obstante, según el Canciller, la residencia oficial del Jefe de Gobierno puede ser utilizada para actos privados y no es obligatorio que los equipos de seguridad revisen a los participantes.
Marin, de 36 años, saltó a los titulares de medios de todo el mundo en agosto pasado, tras filtrarse un video en el que aparecía cantando y bailando en una fiesta privada con un grupo de personajes famosos.
La líder socialdemócrata se sometió voluntariamente a un test de drogas para desmentir los rumores, extendidos por las redes sociales, de que había tomado estupefacientes, pero el mismo día que se comprobó su inocencia saltó una nueva polémica.
La prensa publicó asimismo una foto de dos amigas de Marin besándose con el torso casi desnudo en una fiesta celebrada a principios de julio en la residencia oficial de la Primera Ministra, un día después de asistir a un festival de rock.