«Gran parte» de la ayuda que EE.UU. y los países europeos envían a Ucrania «se desvía y va a parar a la corrupción», opina el político francés Florian Philippot, líder del partido Les Patriotes y exdiputado del Parlamento Europeo.
Hace unas semanas, recuerda el opositor en un tuit, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, admitió que «no se podían encontrar» 16.000 millones que le había enviado la Unión Europea.
Sin embargo, aseguró que toda la asistencia «va al campo de batalla» cuando el Congreso de EE.UU. aprobó un nuevo paquete de desembolsos para armar a Kiev contra Rusia.
Philippot compartió también un enlace a la noticia sobre el ministro de Agricultura de Ucrania, Nikolái Solski, sospechoso de haberse apoderado de tierras públicas «por valor de casi 6,9 millones de euros» y que presentó su dimisión con este motivo el 25 de abril. «¡Otro caso más de corrupción en este país, que es uno de los más corruptos del planeta!», escribió el político francés.
«Cada euro enviado a Ucrania prolonga la guerra y, por lo tanto, causa muertes inútiles», al tiempo que este flujo de dinero «nos empobrece y tiene muchas posibilidades de enriquecer a los corruptos», argumentó.
Por todo ello, Philippot propone poner fin a estas transferencias «de inmediato» y buscar la paz.
En relación con estas ideas, Les Partiotes han convocado para el 27 de abril una concentración en el centro de París bajo los lemas: ‘salida de la OTAN y de la UE’, ‘ni un euro más, ni un arma a Ucrania’ y ‘plan de paz’.
Durante décadas, Ucrania se ha caracterizado como un país de corrupción generalizada, lo que le valió ser calificada como «la nación más corrupta de Europa» por el periódico The Guardian en 2015.
Más recientemente, el país eslavo ocupó el puesto 104 entre los 180 países del Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional.
El tema ha vuelto a estar en el foco de atención internacional durante el conflicto con Rusia.
En el Ejército ucraniano han sido detectadas varias tramas de malversación de fondos relacionadas con la compra de armas, de víveres y de otros artículos requeridos para los militares.
Así, el pasado mes de enero se descubrió un esquema en el que se vieron implicados antiguos y actuales funcionarios del Ministerio de Defensa, en el que se habían pagado por adelantado 39,5 millones de dólares a una empresa local por 100.000 granadas de mortero que nunca llegaron a manos del Ejército.
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