La sentencia fue ejecutada por el Segundo Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Tianjin, que anteriormente condenó al exfuncionario a la pena de muerte, dado que había aceptado sobornos «asombrosamente enormes», poniendo en peligro la seguridad y estabilidad financiera nacional. El Tribunal falló que el daño financiero al Estado fue de 260 millones de dólares. También fue condenado por tener una segunda familia, a pesar de estar casado.
La investigación en contra de Lai Xiaomin, realizada por el organismo de control anticorrupción del gobernante Partido Comunista, empezó en el 2018. Posteriormente fue expulsado de la agrupación política y acusado de malgastar el dinero público y aceptar sobornos. Los investigadores incautaron decenas de millones de dólares en efectivo en sus propiedades.
La mayoría de las condenas a muerte, impuestas por los tribunales chinos, suelen ser suspendidas durante dos años y, por lo general, se conmutan por cadena perpetua, por lo que el caso de Lai Xiaomin ha sido excepcional.
La entrada Exjefe de una empresa estatal china de gestión de activos, ejecutado por cargos de sobornos y malversación por valor de 260 millones de dólares
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