El Gobierno de Brasil repudia que la Fiscalía considere cultural el asesinato de un indígena tras ser acusado de brujería

En 2015, la madre de un joven indígena, de 16 años de edad, denunció que su hijo había sido asesinado como parte de un ritual en una aldea de la etnia munduruku en Itaituba, en el estado de Pará.

Seis años después, la Fiscalía de Brasil ha decidido archivar el caso al considerarlo «un ritual tradicional» de esa etnia, lo que ha provocado el repudio del Gobierno. 

La Segunda Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal explicó en una nota que al adolescente le dispararon dos indígenas en su propia casa, lo arrastraron hasta un río a 10 kilómetros, lo desmembraron y le extrajeron el hígado y el corazón. El resto del cuerpo fue amarrado a un cuerda y arrojado al agua.

Días antes, a la víctima se le acusó de provocar el ahogamiento de otro joven por medio de prácticas de brujería. Según la nota, «la magia negra es la única conducta castigada con la pena de muerte» por los munduruku.

Finalmente, la Fiscalía, que calificó la situación de «bastante compleja», consideró lo ocurrido como «un ritual propio de los indígenas, que forma parte de la histórica formación de nuevas aldeas». 

«Los indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres, aplican sanciones a quienes violen las normas de convivencia establecidas por el grupo al que pertenecen, observando ciertas particularidades derivadas de su forma de vida, tradiciones y creencias», señaló.

También consideró que cualquier proceso judicial constituiría «una indeseable ofensa a los medios culturales de aplicación de la Justicia de la comunidad».

Repudio

El Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos criticó la decisión y opina que a pesar del reconocimiento de la organización social, costumbres, idiomas, creencias y tradiciones de los pueblos indígenas, la Constitución establece «la dignidad de la persona» y garantiza «a todos los brasileños y extranjeros la inviolabilidad del derecho a la vida».

La cartera, dirigida por la evangélica Damares Alves, recuerda que en la Constitución queda «expresamente prohibido» la pena de muerte «excepto en casos de guerra declarada».

«Brasil reconoce la vida como un bien supremo y debe ser protegida para todos, sin distinción de ningún tipo, incluso en lo que se refiere a cuestiones culturales (…) la connivencia con la citada práctica inhumana representa una verdadera devaluación de la vida indígena», concluye.