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Era aceite y no petróleo: EE.UU. retira la sanción a un empresario de restauración italiano por vínculos con Venezuela
Los funcionarios han admitido que confundieron a al menos dos hombres de negocios distintos en sus listas negras porque tenían el mismo nombre.
La Administración Biden ha retirado esta semana una sanción impuesta erróneamente por el Gobierno anterior contra un empresario italiano que fue incluido en enero en una lista negra del Departamento del Tesoro por sus supuestos vínculos con Venezuela.
El pasado miércoles los funcionarios estadounidenses reconocieron la equivocación al descubrir que se habían confundido de Alessandro Bazzoni. La precipitada decisión se tomó en la última jornada completa de trabajo de Donald Trump como presidente e incluyó en un mismo documento tanto a la persona física con ese nombre como sus supuestas propiedades, que en realidad pertenecen a distintos Bazzoni.
Así, según destaca Reuters, la empresa italiana AMG S.A.S. Di Alessandro Bazzoni & C. es del sector de la restauración, contrariamente a otra compañía de la lista negra, Elemento Oil and Gas Ltd., con sede en Malta. En ambas el apellido Bazzoni figuraba como el de accionista o fundador. Como resultado de la medida sancionadora, el dueño del restaurante tuvo que detener sus actividades financieras entre el 19 de enero y el 31 de marzo. Ahora la compañía ha sido absuelta de las sanciones.
«Fue un error», afirmó el restaurador Bazzoni el jueves en declaraciones por teléfono a Reuters desde su restaurante en Verona y añadió: «Afortunadamente todo se resolvió en un par de meses». «Solucionaron el problema —aseguró—. Ya no debería estar involucrado».
La agencia contactó con un experto en materia de sanciones, Tim O’Toole, de la firma de abogados Miller & Chevalier, quien le confirmó que al final de la Administración Trump «estaban haciendo mucho y realmente rápido respecto a Venezuela, Irán y China». «Cuando te mueves tan rápido, tiendes a cometer errores», valoró.
Destino de las sanciones
Las medidas coercitivas de Washington pretendían asestar un golpe a los negocios de Bazzoni que, presuntamente, desempeñaba un papel «fundamental en la coordinación de la compraventa de petróleo crudo de origen venezolano».
En febrero Caracas interpuso ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra las autoridades de EE.UU. por estas y anteriores sanciones, las cuales calificó de «crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano». Las decisiones de Washington se traducen en bloqueos de las cuentas y activos del país sudamericano en el exterior, impiden la compra de alimentos y medicinas, inclusive para las poblaciones más vulnerables.
El Gobierno de Venezuela calculó a comienzos de este año que las sanciones unilaterales de EE.UU. le habían causado pérdidas por valor de 40.000 millones de dólares.