Crece la polémica por la censura gubernamental y la actuación parcial del FBI en EE.UU.

La investigación del FBI sobre los vínculos entre el exmandatario estadounidense Donald Trump y Rusia con motivo de las elecciones presidenciales de 2016 se basó en datos no analizados ni verificados, concluyó esta semana el fiscal especial John Durham.

Considera que los servicios de inteligencia estadounidenses ni cumplieron con sus estándares ni analizaron críticamente la información que iba en contra de la narrativa de dicha relación conspirativa.

Es decir, le dieron pábulo a una acusación que con el tiempo se ha demostrado falsa.

Todos recordarán cómo dicha conspiración supuso días de portadas, horas de televisión y titulares a nivel nacional e internacional.

También cómo buena parte de la oposición demócrata contra Donald Trump solamente alimentó una acusación que se ha demostrado falsa.

Sin embargo, años después, puede que la mayor consecuencia derivada de la misma fuese propiciar un ambiente de histeria que sentara las bases para la creación y el mantenimiento de un enorme entramado procensura y vigilancia de la ciudadanía en las redes con la excusa de la lucha contra la desinformación.

Red de recursos que luchan contra la desinformación

Desde las acusaciones de injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016, las oficinas y los recursos federales contra la desinformación se han disparado, creando una auténtica burocracia de la que surgen bastantes dudas sobre su objetivo real.

Según recoge The Intercept, en estos momentos hay una media decena de departamentos para combatir la desinformación extranjera.

El caos alrededor de esta nueva burocracia es tal, que hay senadores y oficiales de inteligencia que en ese artículo de The Intercept se preguntan si no se estarán duplicando funciones y si todo ese esfuerzo presupuestario es realmente necesario.

Es decir, aunque es cierto que tanto Gobiernos extranjeros como también a nivel nacional se difunden mentiras o medias verdades para promover intereses propios, los esfuerzos del Gobierno estadounidense para contrarrestar lo que llaman desinformación ha crecido desproporcionadamente en relación con la amenaza.

Solo tomando como ejemplo las supuestas operaciones de influencia rusa, en este caso en Twitter, recientemente un estudio del Centro de Política y Redes Sociales de Nueva York concluyó que el impacto fue mínimo y no supuso cambios en el voto de los estadounidenses.

Además, el mes pasado, un grupo de expertos financiado por el Pentágono concluyó que se habían exagerado los presuntos esfuerzos de Rusia a partir de 2019 en cuanto a la desinformación.

También a nivel privado. Una investigación del periodista Matt Taibbi denuncia lo que él llama complejo de la industria de la censura.

Destaca 50 organizaciones que, en nombre de combatir la desinformación, lo que realmente hacen es participar en la guerra híbrida de la información a favor de determinados intereses.

Finalmente se destaca que, tal y como recuerda The Intercept, el concepto mismo de desinformación es completamente subjetivo y, por lo tanto, si representa o no una amenaza se decide políticamente.