Arizona prohíbe a los ciudadanos grabar de cerca a los policías

El gobernador del estado de Arizona (EE.UU.), Doug Ducey, promulgó este jueves una ley que restringe a los ciudadanos filmar a policías desde corta distancia, con lo que los infractores podrían sufrir cargos de delitos menores.

La nueva ley, que entrará en vigencia en septiembre, establece que es ilegal filmar deliberadamente a los agentes de la Policía a menos de 2,5 metros sin el debido permiso.

No obstante, la legislación tiene algunas limitaciones.

Si la actividad policial ocurre en interiores o en una propiedad privada, se permite a una persona autorizada grabar a una distancia menor de la indicada, a menos que el agente de seguridad determine que interfiere en su trabajo o que el área no es segura.

Además, la medida hace excepciones para los sujetos que son objeto directo de una interacción policial como la detención, registro, interrogatorio o control de tránsito.

Los infractores pueden ser sancionados con una multa, pero en caso de desobediencia pueden incurrir en un delito menor castigado con 30 días de prisión.

Críticas contra la ley

El parlamentario estatal republicano John Kavanagh, impulsor de la ley que fue aprobada en febrero pasado por la Cámara de Representantes de Arizona, afirma que la normativa tiene como objetivo proteger a los oficiales de individuos que «tienen muy poco juicio o motivos siniestros».

Sin embargo, la decisión del Gobierno de Arizona ha provocado el rechazo de grupos de derechos civiles y medios de comunicación, que denuncian que la medida plantea serios problemas constitucionales.

«La proximidad no es un lujo en términos de documentar las acciones de los oficiales que participan en actos de brutalidad», criticó el activista y pastor Jarret Maupin, en declaraciones recogidas por AP.

«A veces, las víctimas y los transeúntes no tienen más remedio que estar dentro de la proximidad» que ahora se prohíbe, agregó.

Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Arizona calificó la medida de inconstitucional y considera que da a los agentes de seguridad demasiado margen de maniobra.

Esta legislación «no tiene en cuenta escenarios del mundo real como protestas o el tráfico en carreteras concurridas, donde la gente no puede mantener la distancia», lamentó la entidad.