Fiscalidad internacional y economía digital: sigue la cuenta atrás

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Lentamente estamos empezando a acordarnos de que existió un mundo pre-Covid-19. En ese mundo, con frecuencia se escuchaban declaraciones de diferentes instituciones sobre la necesidad de adaptar las normas de fiscalidad internacional a los nuevos tiempos y, en particular, a la nueva economía digital. Gobiernos nacionales, la Unión Europea y, especialmente, la OCDE, se habían puesto en marcha al respecto, acelerando sus planes de impulso de medidas fiscales de distinto calado.

Al igual que en otros países de nuestro entorno (Francia, Italia, Reino Unido, Austria, República Checa, entre otros), nuestro Gobierno decidió implantar un impuesto digital propio y en el mes de febrero se publicó el proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, iniciándose su tramitación parlamentaria. Con independencia de los aspectos técnicos del texto publicado, algunos ciertamente controvertidos, en su exposición de motivos destacaba la mención de que España, sin dejar de trabajar en aras a conseguir un acuerdo global para gravar los servicios digitales, había decidido avanzar a nivel nacional con el compromiso de adaptar su legislación al posible tributo consensuado que pudiera adoptarse a nivel internacional.

Por su parte, en el marco de la OCDE y bajo mandato del G20, más de 130 países (incluyendo a España) habían iniciado un trabajo conjunto para promover una reforma global del sistema fiscal internacional que pudiese acordarse antes de finales de este año. Si bien el objetivo principal de esta reforma consistía en encontrar un acomodo fiscal a la economía digital, la ambición de la OCDE iba más allá y sus trabajos incluían medidas aplicables también a negocios enfocados en la venta de bienes y servicios al consumidor final (consumer-facing businesses). En esencia, el plan pretendía conceder mayores derechos tributarios a los países en los que se encuentran los consumidores, aunque los grupos multinacionales proveedores no tengan presencia física en ellos, reemplazar algunas normas fiscales por fórmulas de asignación de tributación más sencillas y crear un impuesto global mínimo. En un mundo ideal, la solución de la OCDE permitiría evitar la proliferación de medidas unilaterales descoordinadas que generen doble imposición, impacten negativamente en numerosos modelos de negocio y, más importante, afecten a la capacidad de inversión y al crecimiento económico mundial.

En esas estábamos cuando llegó el coronavirus y, si ya existían dudas sobre si la solución consensuada de la OCDE iba a llegar a tiempo de evitar la entrada en vigor efectiva de las iniciativas unilaterales, la pandemia las ha acentuado.

A pesar de la crisis sanitaria y de las reticencias de algunos Estados a continuar negociando de forma virtual, la OCDE, a través de Pascal Saint-Amans, director de su Centro de Política Fiscal, ha manifestado en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses su esperanza en alcanzar el anhelado acuerdo antes de que termine este año. Al mismo tiempo, más países (Reino Unido, Polonia, India, Indonesia) han acelerado sus planes de implantación de medidas unilaterales.

Para complicar todavía más el panorama, mediante carta dirigida a los ministros de Finanzas de los Gobiernos de España, Francia, Reino Unido e Italia fechada el pasado 12 de junio, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, comunicó la postura de su país de solicitar a la OCDE la suspensión de una parte esencial de las negociaciones desarrolladas para abordar conjuntamente los desafíos fiscales de la economía digital. En el texto de la misiva se argumenta que, en estos momentos, los Gobiernos deberían estar centrando su atención en resolver los problemas económicos derivados del Covid-19. Asimismo, se recuerda la oposición de Estados Unidos a la adopción de legislaciones unilaterales que conlleven gravámenes al comercio digital y se refuerza dicho mensaje con la advertencia de una posible respuesta de su país en forma de medidas proporcionalmente pertinentes. La reacción conjunta de las naciones destinatarias de la correspondencia no se ha hecho esperar y deja fuera de dudas que continúan creyendo en la necesidad de implantar un impuesto digital, así como que seguirán con sus planes al respecto. Por otra parte, la Comisión Europea ha apoyado la postura de estos países y anunciado que, si el proyecto de la OCDE no prospera, impulsará un impuesto digital a nivel de la Unión Europea.

La situación es ciertamente complicada y es difícil predecir si el consenso en el seno de la OCDE llegará en la fecha esperada, si es que llega. En su momento se confiaba en que la acción política y la presión de la opinión pública, siempre fundamentales en el impulso de cambios en el sistema tributario internacional, lo posibilitarían. Es evidente que ahora las circunstancias han cambiado y probablemente van a seguir cambiando en las próximas semanas. Y a la vista de lo ocurrido en los últimos días, los presagios son cada vez peores.

Sin embargo, la falta de un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2020 podría generar una avalancha de impuestos digitales locales que, en lugar de simplificar el panorama fiscal, introduzca todavía mayor complejidad y conflictividad en el mismo. A su vez, es muy posible que también desencadene una serie de conflictos comerciales internacionales de impredecibles consecuencias. En lo que sí deberíamos estar todos de acuerdo es que, seguramente, ese no sea el mejor escenario para generar un clima de confianza global que contribuya a la ansiada recuperación económica pos-Covid-19.

Carlos Heredia es Socio del departamento de tributación internacional de KPMG Abogados